INTERNACIONAL EE.UU. cierra las puertas al vino ecológico

Nueva normativa amenaza la entrada de vinos ecológicos al mercado estadounidense

 

Las importaciones de vino ecológico en Estados Unidos, conocido allí como vino orgánico, deberán hacer frente a un nuevo obstáculo debido a una normativa reciente del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés). Aunque la regulación ya exigía que tanto los viñedos como las bodegas estuvieran certificados como orgánicos, ahora se ha añadido la exigencia de que los importadores también cuenten con dicha certificación. Esto ha generado incertidumbre y preocupación en el sector, ya que los importadores no manipulan el vino, sino que solo se encargan de su recepción, traslado y comercialización.

La medida, que entró en vigor a finales de septiembre, establece que cualquier vino etiquetado como orgánico en EEUU debe provenir de un importador certificado, independientemente de que el vino ya haya sido producido y embotellado bajo certificación orgánica en su país de origen. Esto ha generado una serie de complicaciones, ya que muchos importadores no han podido obtener la certificación, además ha habido retrasos en la tramitación de las solicitudes por parte del propio USDA.

A día de hoy, si un vino procedente de cualquier país vitivinícola elaborado con uvas orgánicas certificadas por el USDA y en una bodega también certificada, es importado en Estados Unidos por una empresa importadora sin certificado, el vino no podrá ser comercializado como orgánico, y si el importador lo comercializa como orgánico pero su certificación está aún en trámite, tanto el importador como las bodegas extranjeras involucradas pueden enfrentarse a sanciones económicas considerables. Según un portavoz del USDA, estas sanciones incluyen retenciones de mercancías en las aduanas y potenciales multas y avisos de cese de comercialización. Incluso el Departamento de Justicia podría intervenir en casos de incumplimiento, lo que ha generado aún más desconcierto entre los actores del sector.

Los críticos de la normativa, como el congresista Nick Langworthy, han señalado que la medida representa una carga burocrática innecesaria. Langworthy, que forma parte del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes y representa un distrito del estado de Nueva York con fuerte actividad vinícola, fue el principal firmante de una carta enviada al USDA solicitando una extensión de 120 días para que los importadores puedan cumplir con la norma. En la carta, apoyada por otros ocho miembros del comité, tanto republicanos como demócratas, se argumenta que la regla impone una carga inesperada a los importadores y que su implementación no se basó en una necesidad clara.

El problema se agrava con un contexto logístico complicado. La situación podría empeorar si se produce la huelga de trabajadores portuarios en la costa Este de Estados Unidos prevista para este mes de octubre. Esto podría retrasar la entrada de productos etiquetados como orgánicos en territorio estadounidense y, si el USDA decide aplicar la normativa de manera estricta antes de que las mercancías sean desembarcadas y despachadas, algunos lotes de vino podrían quedar retenidos en contenedores sin la posibilidad de ser vendidos como orgánicos.

El USDA ha defendido la nueva medida afirmando que busca evitar fraudes en la cadena de suministro y asegurar que todos los actores en la comercialización de productos orgánicos en EE.UU. estén sometidos a la misma normativa. Sin embargo, las críticas del sector indican que no existe una justificación clara para aplicar este cambio específicamente a los importadores de vino. Hasta la fecha, los vinos que llegan embotellados desde bodegas certificadas ya pasan por un proceso riguroso de verificación documental, por lo que exigir que los importadores, que no manipulan el producto, también se certifiquen, parece una medida redundante y costosa.

Ante este panorama, los importadores de vinos orgánicos en Estados Unidos, que suelen ser pequeñas empresas con recursos limitados, están en una situación compleja. Obtener la certificación implica tiempo y dinero, recursos que muchas veces no tienen disponibles. En contraste, los grandes importadores, que cuentan con más recursos y experiencia en el manejo de normativas, podrán adaptarse mejor a la nueva situación. Esto genera un escenario de desigualdad en el mercado y podría llevar a que muchos importadores pequeños dejen de comercializar vinos orgánicos por no poder cumplir con los requisitos.

Otro factor a considerar es la respuesta del sector vinícola europeo. Las bodegas europeas que exportan a Estados Unidos podrían optar por no etiquetar sus vinos como orgánicos para el mercado estadounidense, a pesar de haber seguido todas las prácticas necesarias para obtener dicha certificación en sus países de origen. Esto podría suponer una caída de oferta para los consumidores que buscan productos orgánicos, y por tanto un aumento en los precios de los vinos orgánicos que consigan llegar al consumidor final.

La Asociación de Mayoristas de Vinos y Licores de América (WSWA, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones más influyentes del sector, también ha expresado su preocupación por las repercusiones de la nueva normativa. En un comunicado, la WSWA señaló que muchos de sus miembros, que antes estaban exentos de esta certificación, ahora se enfrentan a retrasos en el proceso de certificación, lo que podría afectar la disponibilidad de vinos orgánicos en el mercado y alterar el equilibrio del comercio internacional de vinos.

En última instancia, la situación podría tener efectos contraproducentes para el propio movimiento de productos orgánicos en Estados Unidos. Si la normativa no se ajusta o se concede una prórroga, algunas bodegas podrían plantearse abandonar el etiquetado orgánico para el mercado estadounidense, lo que desincentivaría la producción de vino orgánico a largo plazo y dificultaría la expansión de este segmento. Las peticiones para que el USDA reconsidere la medida ya se han presentado, pero hasta el momento no hay indicios de que se vaya a dar marcha atrás en la regulación.