Fuente:
Diario Los Andes.
El
sector vitivinícola pide la extensión, hasta 2014, de una quita de la
tasa -en principio del 12%- a los espumantes, a cambio de realizar
inversiones. El acuerdo de quita de la tasa a los espumantes se alcanzó
en 2004. El Gobierno nacional -Néstor Kirchner era el presidente-
dispuso aplicar una tasa de interés a las denominadas bebidas
“suntuarias”, entre las que ubicaba al whisky y otras bebidas
alcohólicas, incluyendo en esa lista al champán, con un porcentaje del
12%.
La situación significaba un golpe duro para el sector vitivinícola
local, que planteó su inquietud ante las autoridades nacionales,
basándose en el hecho de que los espumantes ya no constituían una bebida
“suntuaria” en razón de que habían llegado al grueso de la población y
porque con la aplicación del impuesto, trasladado a los costos finales,
podían poner freno al crecimiento que había alcanzado el champán en el
mercado local. Luego de extensas deliberaciones se alcanzó un acuerdo,
en un principio por un lapso de 10 años, a través del cual el sector
vitivinícola se comprometía a invertir 100% de la tasa, más 25%, aspecto
que permitiría paralelamente ampliar la posibilidad de fuentes
laborales.
La industria cumplió con el acuerdo e inclusive superó las
inversiones comprometidas y a modo de ejemplo podemos señalar que, en
2011, fue exceptuada de tributar 203,4 millones de pesos, pero volcó más
de 132 millones en inversiones, mientras en 2012 se superó en un 20 por
ciento el acuerdo suscripto. Las inversiones se volcaron en bienes de
capital, como tanques o barricas e inclusive en la construcción de
nuevas bodegas, con lo que crecieron también las fuentes de trabajo.
Sin embargo, si bien en un principio se habló de 10 años de vigencia,
el decreto nacional tuvo primero una vigencia trienal, luego de 2 años y
por último de un año. En 2011, la presidenta de la Nación anunció la
ampliación del acuerdo en un acto realizado en una bodega del Sur, con
motivo de la ampliación de una champañera, con lo que la vigencia se
mantiene hasta el mes de febrero.
Por ese motivo también, días pasados dirigentes empresariales del
sector se reunieron para plantear la posibilidad de que se permita la
ampliación del acuerdo hasta 2014, que constituyen los 10 años del
proyecto primario. El planteo del sector industrial fue acompañado por
funcionarios del INV, quienes informaron sobre el seguimiento estricto
que se le realiza a la medida, como la verificación in situ de la
inversión, con los comprobantes y la pertinencia que exige el decreto,
las declaraciones juradas de despachos y la facturación que deben
presentar las bodegas.
Hay otras cifras que son significativas respecto de la importancia de
la medida de exención del impuesto. Cuando comenzó a aplicarse el
decreto, en 2005, las elaboradoras de champán eran 57 y actualmente
suman 122. El titular del INV manifestó que desde la vigencia del
decreto hasta la fecha, las bodegas han dejado de tributar $ 397
millones en impuestos internos, una cifra superada ampliamente por las
inversiones. Un aspecto que ha permitido paralelamente alcanzar mayor
competitividad a los espumantes, tanto en el mercado interno como en el
internacional.
Así por ejemplo, las exportaciones FOB treparon de 8 a 21 millones de
dólares, mientras los despachos al mercado interno pasaron de 25
millones de botellas a 42 millones. Si nos atenemos a los números, los
casi $ 400 millones que las bodegas han dejado de pagar por la
implementación del proyecto en 8 años no mueven la aguja en los
presupuestos de miles de millones de pesos con que se maneja el Gobierno
nacional, pero para la industria esa cifra es significativa porque,
además de generar mayores puestos laborales y mejorar la producción por
las inversiones, ha permitido al champán mantener y mejorar la
competitividad en mercados cada vez más exigentes.
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